24 de septiembre de 2008
Las bombas de racimo han sido, son, y seguirán siendo un negocio en España (sí, en nuestro país). Aquí se fabrican muchas de las que son vendidas a otros países que, a menudo, suelen ser objeto de Cooperación (¿Cooperar es vender armas? Increíble, pero cierto...). Y a nuestros políticos se les llena la boca con la palabra Solidaridad.
Nuestro gobierno se ha adherido al Tratado de Dublín, por el que se prohíben armas de este tipo. Ahora, sólo queda destruir las que ya están fabricadas. Pero éstas no se destruyen de cualquier manera: necesitan un costoso proceso que asumen las fábricas, pero pagando el Estado, por supuesto. Sigue estando claro que el dinero público nunca duele cuando se trata de gastarlo.
La vicepresidenta del gobierno, hace unas semanas, anunció la destrucción de estas bombas, costando al erario público unos 2 millones de euros para 5000 bombas. El grupo encargado de la fabricación de estas armas (Maxam), además de los pingües beneficios en su venta y exportación a países como Finlandia y Libia, se ha beneficiado de un contrato de mantenimiento de estas armas, por un coste de 1,25 millones de euros.
Como todo esto tendrá una repercusión en las empresas fabricantes de armas, la ministra de Defensa (que se manifestaba hace años protestando contra la guerra) ha anunciado que tales empresas se verán recompensadas "con la fabricación de otros productos armamentísticos". Todo un camino para la paz, vamos...
Según la Coalición Internacional contra las Bombas de Racimo, estos artefactos han matado o herido a decenas de miles de civiles, un 25% de ellos niños, en los más de 30 países en los que se han usado.
Insisto: luego se nos llenará la boca con las palabras "solidaridad", "cooperación", "No a la Guerra", etc...
